El gobierno de México presentó un informe sobre las acciones emprendidas ante la muerte de 17 connacionales durante operativos migratorios o mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante el segundo gobierno de Donald Trump.
Al presentar el reporte en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el canciller Roberto Velasco Álvarez afirmó que el objetivo de las gestiones es esclarecer los hechos y, en los casos donde exista responsabilidad, garantizar que se haga justicia.
“Lo que buscamos es que haya justicia”, sostuvo.
Velasco informó que, de las 20 denuncias presentadas en julio, ocho fueron interpuestas ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. El gobierno mexicano también ha destinado 24 mil 788 dólares en apoyos, principalmente para cubrir gastos relacionados con la repatriación de restos.
En uno de los casos, la fiscalía de Florida respondió que su información coincide con la versión previamente proporcionada por ICE al gobierno mexicano sobre el fallecimiento de un connacional. La dependencia estadounidense atribuyó la muerte a un suicidio y, por esa razón, determinó que no abrirá una investigación adicional.
En contraste, las fiscalías de los condados de Ventura, California; Cook, Illinois, y Harris, Texas, notificaron que analizarán la posibilidad de emprender acciones legales en relación con otras muertes. Sobre las 16 denuncias restantes, la Cancillería continúa a la espera de una respuesta de las autoridades estadounidenses.
El canciller recordó además que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual fue transmitida a través de la embajada de México.
Como parte de las gestiones diplomáticas, el embajador Roberto Lazzeri Montaño y la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling, han expresado las preocupaciones del gobierno mexicano directamente ante el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
La situación también fue planteada ante organismos internacionales. Velasco informó que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, respondió a una carta enviada por la Cancillería, manifestó su preocupación por los casos, trasladó el asunto al Consejo de Derechos Humanos y pidió a Estados Unidos realizar investigaciones con prontitud.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que, debido al número de casos registrados, el gobierno mexicano decidió que la propia Cancillería presentara denuncias directamente ante las autoridades estadounidenses.
La mandataria subrayó que las investigaciones deben determinar si existieron responsabilidades por parte de funcionarios estadounidenses o de empresas privadas encargadas de operar los centros de detención.
“Si hubo responsabilidad de algún miembro del gobierno de ICE o de los privados que tienen a su cargo el centro de detención, que se proceda”, afirmó Sheinbaum.
