La Cámara de Diputados debate la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta del Ejecutivo federal que busca ampliar el uso de medios de pago digitales y electrónicos, pero que también ha abierto cuestionamientos sobre identificación digital, protección de datos, transición para pequeños negocios y las condiciones en las que podría reducirse el uso de efectivo.
La iniciativa, presentada el pasado 9 de septiembre como parte del Paquete Económico 2027, establece como uno de sus objetivos “promover la adopción e implementación de Medios de Pago Electrónicos y Digitales”. El dictamen se encuentra actualmente en discusión en San Lázaro.
Uno de los elementos que concentra la atención es la CURP Digital, que la propuesta contempla como un mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros. Al mismo tiempo, el proyecto señala que las personas usuarias podrán utilizar la CURP Digital u otro mecanismo de identificación oficial para realizar este tipo de contrataciones.
Este punto ha generado preocupación entre quienes advierten sobre el manejo y la interconexión de datos personales y biométricos. El debate no se limita, por tanto, a la forma de pagar, sino que alcanza también la manera en que las personas serán identificadas para acceder a servicios financieros digitales.
Otro de los aspectos centrales es el futuro del efectivo. El proyecto plantea que proveedores de bienes y servicios y autoridades habiliten infraestructura para recibir medios de pago digitales y promuevan su utilización. También contempla que, ante una contingencia que impida recibir pagos electrónicos o digitales, pueda utilizarse efectivo o cheque.
La discusión se vuelve especialmente relevante porque la propuesta contempla una implementación gradual de los medios de pago digitales. Durante el análisis legislativo se han planteado dudas sobre cómo será esa transición y qué efectos tendrá para microempresas y comunidades con menor acceso a infraestructura digital.
De hecho, durante el debate en San Lázaro, la diputada priista Verónica Martínez García pidió retirar el dictamen y llevarlo a Parlamento Abierto. Entre sus argumentos señaló la necesidad de aclarar la transición para las microempresas, fortalecer la seguridad digital y garantizar la protección de los datos personales y financieros.
Desde Morena, en cambio, el diputado Carol Antonio Altamirano defendió el dictamen al señalar que busca ampliar los medios de pago, reducir costos de transacción y facilitar la participación de personas y empresas en la actividad productiva.
El debate también alcanza la técnica legislativa. Entre los cuestionamientos planteados está la necesidad de precisar las disposiciones que quedarían derogadas y evitar zonas de incertidumbre sobre qué normas continuarían vigentes una vez que entre en vigor la nueva legislación.
Detrás de toda la discusión está además un problema estructural: la brecha digital. Una transición hacia una economía con mayor predominio de los pagos electrónicos no tiene las mismas condiciones en una gran cadena comercial que en una pequeña tienda o en una comunidad donde la conectividad todavía es limitada.
La propuesta, por ello, no sólo plantea la pregunta de cómo hacer más sencillos y seguros los pagos digitales. También obliga al Legislativo a discutir qué tan gradual debe ser esa transición, qué alternativas conservará la población, cómo se protegerán sus datos y qué obligaciones tendrán empresas y autoridades.
El dictamen continúa su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, por lo que estos aspectos todavía forman parte del debate y pueden modificarse antes de una eventual aprobación.
