Laura Brugés
He sido testigo de cómo, cada vez más, la agenda legislativa se alinea con el Ejecutivo: sus propuestas avanzan sin cambios, mientras las iniciativas de las y los legisladores difícilmente prosperan. Algo que les platiqué en esta columna hace un año, pero lo que ocurre con el Paquete Económico 2027 vuelve a poner ese patrón sobre la mesa.
Recuerdo que hace un año en este medio señalé que las iniciativas aprobadas en esta legislatura elaboradas por legisladores podían contarse con los dedos de las manos. No era una exageración: buena parte de lo que se discute y se convierte en ley proviene del Ejecutivo. Y cuando las propuestas nacen en el propio Congreso, muchas veces no llegan ni a dictaminarse, incluso la de los mismos diputados morenistas.
En esta columna me voy a remitir a los dictámenes de la Comisión de Hacienda sobre el paquete fiscal. Las tres iniciativas enviadas por la Secretaría de Hacienda con visto bueno de la Presidencia: la Ley de Ingresos, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos que fueron aprobadas sin cambios. En el caso de la Ley de Ingresos, la comisión coincidió íntegramente con la propuesta del Ejecutivo y me dieron risa las justificaciones.
El trato a las iniciativas parlamentarias fue distinto. En el dictamen de la Ley del Impuesto sobre la Renta se enlistaron 124 propuestas: una de la Presidenta y 123 presentadas por legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas. Ninguna de estas últimas fue considerada “viable” así literal lo dice el documento. En la Ley Federal de Derechos se descartaron otras 20. En total, 143 iniciativas parlamentarias quedaron fuera, sin que se incorporara un solo párrafo o artículo al decreto final.
¿De verdad no había una sola idea rescatable? ¿Ninguna podía corregirse, combinarse con otra o discutirse con mayor profundidad?
En los dictámenes no aparece una explicación individual o técnica para cada rechazo. Tampoco se incluyen corridas financieras o análisis de impacto presupuestario que permitan entender por qué cada propuesta fue descartada. La respuesta se resolvió en bloque, con el argumento de que “no aportan mejoras sustantivas a la Ley de Impuesto sobre la renta”, literal.
El problema no es que toda iniciativa deba aprobarse. Algunas pueden ser inviables, redundantes o necesitar ajustes. El problema es que se desechen en paquete, sin explicar qué se revisó ni por qué ninguna merecía avanzar. Así, las propuestas del Ejecutivo quedan intactas y las del Congreso parecen condenadas de antemano.
Un Poder Legislativo está para discutir, modificar y representar distintas posiciones; no solo para recibir iniciativas del Ejecutivo y aprobarlas. También debería dar razones claras cuando rechaza las propuestas de sus propios integrantes.
La sesión de la Comisión de Hacienda dejó además una imagen casi demasiado simbólica. Mientras las intervenciones se encimaban y nadie parecía escuchar demasiado como dijo una diputada de Movimiento Ciudadano, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, secretario de esta comisión, con dificultad intentaba abrir una bolsita de pan. El ruido se coló hasta los micrófonos y se escuchó en la transmisión del Canal del Congreso durante la intervención del diputado Reginaldo Sandoval del PT. A la bolsa de pan tuvo que forcejearle, a los dictámenes, en cambio, nada. Ya que no presentó iniciativas a la LISR y LFD seguramente por su cercanía con la Presidenta y su presencia durante la reunión, además de intentar comer pan, era para atestiguar lo que ya sabemos, la Ley de Ingresos se aprobará como se envió, sin moverle una migaja.
No les suena “raro” que los dictámenes desecharon de plano 143 iniciativas a la LISR y LFD, en el caso del dictamen de la LIF la Comisión en todo coincidió con la iniciativa de la Presidenta y durante la discusión en la Comisión de Hacienda se aprobaron solamente las propuestas de MORENA, PT, PVEM y una de MC, las del PRI y PAN no convencieron, en el caso de las del oficialismo todos las leyeron, inclusive hubo una que fue cuestionada por la diputada de MC hizo una pregunta directa y desde mi punto de vista nadie le pudo contestar ¿Raro no?
La “oficialía de partes” es una imagen conocida y la uso para describir a un Congreso que se limita a recibir y aprobar decisiones tomadas en otra parte. Cuando, además, desecha 143 propuestas de sus integrantes sin un análisis público e individualizado, la imagen se vuelve todavía más costosa.
Y la más cara porque nos cuesta 14 mil millones de pesos, llevar a cabo el proceso legislativo. Si tenemos en cuenta que el presupuesto que está ejerciendo la Cámara de Diputados de acuerdo al Presupuesto de Egresos 2026 es de $9,298,861,809 y Senado de la República $5,103,817,038
¿Sigue existiendo un Poder Legislativo deliberativo y capaz de ser contrapeso o la Cámara de Diputados se conforma con procesar las decisiones del Ejecutivo y archivar las demás?
@LauraBruges
Escrita para Opinión 51
