La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes 6 de octubre un dictamen para aplazar hasta el 1 de abril de 2030 la aplicación obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF). Si el pleno avala la prórroga, habrán pasado 13 años desde la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación procesal única en estas materias.
En entrevista, el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación del Código en Oaxaca advirtió que el aplazamiento le resta sentido a la reforma. El Código busca transformar una justicia civil y familiar que se caracteriza por ser costosa, lenta, discriminatoria y poco accesible.
Uno de los principales reclamos de quienes litigan en estas materias es el rezago y la falta de prontitud en las resoluciones. Díaz Carranza sostuvo que la prórroga aleja la promesa de efectividad y celeridad. Estas materias representan el 76% de los expedientes, por lo que el aplazamiento podría prolongar los juicios y el descontento social frente a la justicia cotidiana.
El magistrado reconoció que los poderes judiciales no están listos para una implementación integral, debido a las exigencias que implica la transición. Sin embargo, consideró que la prórroga no debe entenderse como un plazo de gracia, sino como un periodo de prueba para que las entidades federativas comiencen a aplicar gradualmente los procedimientos con oralidad.
También señaló que deben considerarse los efectos de la reforma judicial, entre ellos la fuga de personal jurisdiccional con especialización, experiencia y bases en materia civil y familiar para operar el Código Nacional.
El caso ejemplifica, de acuerdo con el planteamiento del magistrado, el problema de implementación que pueden enfrentar las reformas aprobadas por el Congreso.
La reforma constitucional se aprobó en 2017 para facultar al Congreso de la Unión a expedir una legislación procesal única en materia civil y familiar. El Código Nacional se publicó el 7 de junio de 2023 y estableció un periodo gradual de implementación, cuyo plazo ya se agotó.
Si el pleno de la Cámara de Diputados aprueba el nuevo aplazamiento, la aplicación obligatoria del Código en todo el país quedaría fijada para el 1 de abril de 2030: 13 años después de la reforma constitucional.
