Ciudad de México. El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia de feminicidio, un paso que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General para homologar la forma en que este delito se investiga, persigue y sanciona en todo el país.
La modificación al artículo 73 de la Constitución faculta al Congreso para establecer un marco nacional que defina criterios mínimos en materia penal, estándares de investigación con perspectiva de género y mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios.
¿Qué cambia con la reforma?
Aunque la declaratoria representa un avance en el proceso legislativo, la reforma no modifica por sí misma la investigación de los feminicidios.
Lo que hace es abrir la puerta para que el Congreso elabore una ley de aplicación nacional que reduzca las diferencias existentes entre las legislaciones estatales, donde actualmente persisten criterios distintos para tipificar el delito, integrar las investigaciones y sancionar a los responsables.
En otras palabras, el objetivo es que el acceso a la justicia no dependa del estado donde ocurra el crimen.
El siguiente paso será la Ley General
Con la declaratoria constitucional, el Congreso tendrá un plazo establecido en los artículos transitorios para discutir y aprobar la legislación secundaria que hará operativa la reforma. Esa futura ley deberá establecer, entre otros aspectos:
- Criterios mínimos para la tipificación del feminicidio.
- Estándares de investigación con perspectiva de género.
- Bases de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
- Parámetros comunes para la persecución y sanción del delito.
Será en esa discusión donde se definirán las herramientas concretas con las que deberán actuar ministerios públicos, fiscalías y autoridades judiciales en todo el país.
El desafío está en la implementación
La homologación legal busca atender uno de los problemas señalados durante años por organizaciones civiles y especialistas: la existencia de marcos normativos distintos entre entidades federativas que pueden generar diferencias en la forma en que un caso es investigado o judicializado.
Sin embargo, contar con una legislación uniforme no garantiza por sí mismo mejores resultados.
La efectividad de la reforma dependerá de factores como la capacitación de los operadores de justicia, la asignación de recursos a las fiscalías, la aplicación de protocolos especializados y la capacidad institucional para investigar con perspectiva de género.
Del texto constitucional a la realidad
La declaratoria emitida por el Senado marca el cierre de la reforma constitucional, pero también el inicio de una etapa más compleja: convertir ese mandato en reglas claras y en prácticas institucionales que se apliquen de manera uniforme en todo el país.
El reto para el Congreso será construir una ley que no sólo unifique conceptos jurídicos, sino que contribuya a reducir las diferencias que hoy existen en el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias.
